Cielo azul de Caricuao

                                           

                               

                                             

 

                                                                 

El Estado venezolano y diversas ONG mostraron situación de los DD HH en Venezuela

Contestaciones y reacciones luego del informe del Comité contra la Tortura de la ONU 

La presentación del Estado venezolano frente a los relatores que integran el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estuvo cargada de respuestas inconsistentes. Por su parte, las organizaciones no gubernamentales (ONG), defensoras de los Derechos Humanos,  presentaron informes sobre la situación en el país, que contrastaron con las declaraciones oficiales de Venezuela. El gobierno ha dado muestras de querer cambiar la mala matriz de opinión, generada luego de la presentación de su informe

Relatores Insatisfechos

Entre los días 6 y 7 de noviembre, el Comité Contra la Tortura de la ONU, evaluó el informe presentado por el Estado venezolano, sobre la situación de la tortura en el país.

Al iniciar la presentación, el relator para Venezuela, Jens Modvig, hizo fuertes cuestionamientos  sobre la  represión durante las protestas que comenzaron en febrero de 2014. El relator se enfocó en las alegaciones que hablan de más de 3.000 detenciones en protestas pacíficas. También, se refirió al trato de personas que  fueron desnudadas y amenazadas de violación.

Un punto álgido de la comparecencia, giró en torno al cuestionamiento realizado al gobierno, sobre la situación de los funcionarios policiales y militares, que a pesar de que el Estado reconoció la violación de los Derechos Humanos por parte de ellos en diversos casos, no tienen ningún proceso judicial abierto. Se ejemplificó el caso de la funcionaria de la Guardia del Pueblo, Josneidy Castillo, quien golpeó a la manifestante, Marvinia Jiménez, hecho suscitado en el estado Carabobo.

Foto de  Marvinia Jiménez, luego de ser agredida por parte de Guardia del Pueblo

Los cuestionamientos sobre la actuación de grupos de civiles armados vinculados con el gobierno, también adquirieron importancia durante la presentación. Se preguntó si dichos grupos están coordinados con los agentes de la ley y el orden.

Al finalizar la evaluación, el Comité Contra la Tortura de la ONU mostró su insatisfacción por la falta de información precisa, sobre la atención a las personas víctimas de tortura. Denunciaron también, la falta de independencia y transparencia en el Poder Judicial. El principal disgusto de los relatores fue la ausencia de datos y cifras, sobre las penas judiciales impuestas a los perpetradores de tortura.

Los relatores en sus recomendaciones exhortaron al Estado a prevenir posibles actos de tortura, mejorar la atención a las víctimas, proporcionar servicios de rehabilitación y mecanismos para la reparación e indemnización de víctimas.

La visión oficial

La delegación de Venezuela, encabezada por el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, José Vicente Rangel Ávalos, respondió con argumentos generales y con cierto tono político, los cuestionamientos realizados por los relatores del Comité Contra la Tortura de la Organización de ONU.

Según José Vicente Rangel Ávalos, los funcionarios y organismo policiales que incurrieron en  actos que violan los Derechos Humanos, les ha caído todo el peso de la ley. Sin embargo, ante los cuestionamientos en los casos de tortura como el caso de Marvinia Jiménez, la delegación no reveló ninguna conjetura concreta, sobre la situación legal de la victimaria, Josneidy Castillo.

Vídeo aficionado, que documenta la agresión de Josneidy Castillo a la ciudadana Marvinia Jiménez

Las pocas cifras presentadas por la delegación venezolana, las facilito la directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé, quien informó a los relatores de  las 242 denuncias de abusos contra policías y militares, que actuaron en las protestas de febrero y junio. Indicó que en 125 casos, ya se han dictado los actos conclusivos.

Sin embargo, la representación del Estado venezolano defendió la actuación de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones, argumentando que muchas protestas no fueron pacíficas, sino violentas y buscaban derribar el régimen democrático en el país.

Ante los señalamientos por el uso de fuerzas militares, para controlar el orden público y los indicios de que un porcentaje considerable de los más de tres mil detenidos fueron amenazados, golpeados y estaban incomunicados, José Vicente Rangel Ávalos respondió: "¿Qué querían? Utilizamos las fuerzas del orden, las fuerzas policiales con sus equipos antimotines legales".

Ante este tipo de contestaciones por parte del Estado, los relatores no quedaron satisfechos. Hubo múltiples quejas sobre las interrogantes que no fueron respondidas y se hizo un fuerte reclamo a la delegación por la falta de información precisa, sobre el hacinamiento carcelario, un aspecto que en los últimos años, también ha causado mucho revuelo en Venezuela.

El Estado trasmitió una mala imagen con declaraciones tan generalas. Además, los datos expuestos por la delegación venezolana, contrastaban con los datos publicados por las ONG, ante los organismos de defensa de los Derechos Humanos.

Los datos de las ONG

La voz de las organizaciones no gubernamentales, también fueron escuchadas por el Comité contra de la Tortura de la ONU. El director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero,  presentó denuncias sobre detenciones arbitrarias, casos de tortura y denuncias de violaciones a los Derechos Humanos de los últimos meses. También, se presentó un informe detallado de los años anteriores, sobre el uso indebido de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado.

Alfredo Romero,  posteriormente mantuvo una reunión privada con el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, para mostrar los casos de manifestantes que aún siguen detenidas arbitrariamente, tales como, Marcos Guillén, Christian Holdack, José Aguilera, Jordyn Ruiz, Marcelo Crovato, y  siete tuiteros por emitir opiniones en contra del Gobierno a través de las redes sociales.

Resumen de detenidos

• Libertad con medidas cautelares:1921 (173 Menores de edad)
• Libertad plena: 608 (42 Menores de edad)
• Liberado sin presentación.: 515 (62 Menores de edad)
• Por verificar: 294 (10 Menores de edad)
• Privado de libertad: 69
• Total: 3407 (287 Menores de edad)

Fuente: Foro Penal Venezolano

Aproximadamente  15 ONG, representadas por Amnistía Internacional, entregaron informes al comité en el demuestran los casos de tortura y  tratos crueles de los últimos 10 años por parte de los funcionarios de diferentes organismos de seguridad, que en la gran mayoría de los casos, los responsables no son enjuiciados.

Según los convenios establecidos en la ONU, el período para examinar a un Estado miembro, comprende alrededor de 10 años. En esta ocasión, las ONG presentaron  una actualización del período 2002-2011, sobre las serias lesiones al derecho y la integridad personal, ocurridas en Venezuela desde su última presentación ante el comité, hace 12 años.

Entre los denunciantes, que acudieron  a la  presentación por parte de las ONG, estuvieron: Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público; Calixto Ávila, miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); y Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.

El perioidsta LuisCarlos Díaz, sostuvó una conversación con Ligia Bolívar, del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, sobre la interpelación a Venezuela en el Comité contra la Tortura

Para Carlos Correa es importante que las Naciones Unidas permita a la sociedad civil participar en el proceso que lleva a cabo el Comité, ya que es una indicador de transparencia en las evaluaciones que se le hacen a los Estados miembros.

Respecto al papel de la delegación del Estado venezolano, Correa indicó, que los representantes no estuvieron a la altura del  debate; y no pudieron responder planteamientos básicos como  las cifras y datos correspondientes.

Antecedentes ante malas proyecciones

Desde la llegada al poder del expresidente, Hugo Rafael Chávez, la política exterior se manejó de una forma muy particular, utilizando los recursos económicos del Estado, para  posicionar una imagen de poder y prestigio en el entorno de la geopolítica.

Sin embargo, hay ciertos temas que el Estado venezolano a pesar de su gran poder e influencia, nunca ha podido manejar hasta la actualidad. Eso es lo referente a los Derechos Humanos y la credibilidad respecto a las elecciones.

En el 2006, cuando se manejaba a nivel internacional, una matriz de opinión negativa referente a las elecciones, el gobierno realizó una gestión ingente para desmontar aquella matriz. Se propuso  invitar a observadores y veedores internacionales, muy prestigiosos como el Centro Carter. Esto ayudo a fortalecer su credibilidad, que disminuía en ese momento.

Foto archivo: Hugo Chávez y Jimmy Carter conversando sobre el sistema electoral venezolano en las elecciones del 2006

En el 2002, luego de los sucesos de abril, existía una matriz de opinión muy mala respecto al gobierno en la región de Latinoamérica. En esa ocasión, el Estado Venezolano invitó a miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para canalizar esas opiniones y volver a capitalizar legitimidad.

Hoy, ante el escenario de haber proyectado una mala imagen, referente a los Derechos Humanos, frente al Comité contra la Tortura de la ONU. Es muy probable, que el gobierno utilice un método similar a los ejemplados anteriormente mencionados. Esto se evidencia con la creación del Comité de Víctimas de las Guarimbas, instalada 4 días después de la comparecencia de Venezuela en el Comité contra la Tortura.

Proyección de una buena imagen 

El pasado 11 de noviembre, pocos días luego de la comparecencia del Estado, un grupo de  familiares de personas asesinadas durante las protestas de los meses febrero y mayo de este año, junto con familiares de 11 personas muertas durante las protestas postelectorales de abril de 2013, instalaron el Comité de Víctimas de la Guarimba y Golpe Continuado.

Según  la vocera del grupo, Yendry Velásquez, viuda de un guardia nacional  bolivariano (GNB), fallecido el 12 de marzo de este año: “El objeto es dar a conocer a Venezuela y al mundo quiénes somos las verdaderas víctimas. Si es de llegar al alto comisionado de la ONU, lo haremos”.

Luego, el 17 noviembre, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, se comprometió con los familiares que integran el Comité de Víctimas de las Guarimbas y Golpe Continuado a hacer justicia por las violaciones a los Derechos Humanos por parte de grupos golpistas y guarimberos.

Esto lo dio a conocer la magistrada, luego de una reunión sostenida con la organización.  Enfatizó que seguirá  cada uno de los procesos que se están llevando a las personas, que cometieron hechos delictivos. Señalo que garantiza la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la debida  celeridad procesal.

Al día siguiente, el  18 de Noviembre, representantes del Comité de Víctimas de las Guarimbas ejercieron un derecho de palabra ante la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), exigiendo justicia en los procesos de judiciales de los acusados.  Asimismo, agradecieron el apoyo del gobierno en todo el proceso.

Intervención de Yendry Velásquez ante la AN

Las últimas acciones por parte del Estado, evidencia un intensión de querer cambiar la matriz de opinión sobre la situación actual de los Derechos Humanos en el país. Sin embargo, las acciones son muy tardías, ya que los organismos internacionales y las ONG, llevan una cantidad de informes y datos, que el gobierno no tiene como contrastar.

Ante la polarización política que atraviesa Venezuela, se evidencia una clara indisposición del Estado por solucionar la situación judicial y física de ciertos dirigentes políticos de oposición, así como la de los manifestantes de oposición, que siguen detenidos. El intento del gobierno para cambiar la matriz de opinión, se ha enmarcado en proyectar a las victimas ideológicamente afines con ellos, para transmitir la transparencia en la defensa de los Derechos Humanos.

Pero el tiempo no está a favor de las intenciones que quiere proyectar el gobierno. Las imágenes de los medios de comunicación durante los meses de protesta mostraron una represión muy fuerte. Ya varios  líderes mundiales han pedido la libertad del dirigente político, Leopoldo López. La opción más coherente para el gobierno es actuar con transparencia, sin discriminación política ante los hechos, que implican la violación de Derechos Humanos y mecanismos de tortura.

El panorama de la juventud en Venezuela

El panorama para los jóvenes en Venezuela no luce nada alentador, la independencia económica es una falacia, que solo es posible fuera de las fronteras. No hay recursos para satisfacer las necesidades más básicas del ser humano, pero además, no existe la suficiente esperanza y convicción que alimenten las ganas de trabajar por la construcción de un mejor país.

Los jóvenes más privilegiados, entiéndase como aquellos que independientemente de su estatus socio-económico tienen la oportunidad de seguir cursos técnicos y universitarios, terminan por ser los más frustrados dentro de la población. Poco a poco observan como su calidad de vida y sus propias aspiraciones disminuyen.

Un gran grupo de estudiantes notan que el tiempo y dinero invertido en educación, no son suficientes para poder avanzar hacia una verdadera satisfacción como individuos y venezolanos. Eso conlleva a visualizar alternativas más allá del contexto nacional, no es casualidad que el 90 % de los jóvenes que emigran de Venezuela sean profesionales, la frustración que siente imposibilita su desarrollo. Observan que el  país, sus líderes y la sociedad, no cumplieron la promesa, que si se forman y estudian podrán tener un nivel de vida estable y un mundo de oportunidades.

 La juventud profesionalmente capacitada se va en búsqueda de esa libertad, que ya no se encuentra en su patria. Y aunque la nostalgia sea difícil, muchos entienden que es el sacrificio que deben hacer para encontrarse a ellos mismos y desarrollar el modo de vida que aspiraban desde las aulas de clases.

A pesar que la realidad anteriormente mencionada, se ha posicionado en los medios y en la opinión pública, sobre todo dentro de la clase media, esta no representa la crisis que viven la mayoría de jóvenes en el país.

El aumento del embarazo precoz en Venezuela, ha hecho que se formen núcleos familiares muy jóvenes, incluso adolescentes. Esto se ha traducido en deserción escolar, ante la necesidad de buscar recursos para mantener el hogar. A la vez, esto ha representado un menor número de personas capacitadas para ciertos trabajos y una alta demanda de trabajos donde no se necesita un profundo nivel de estudios. La demanda de estas personas que buscan empleo, redobla la oferta del mercado laboral. El resultado final es fatal, un mayor número de desempleados jóvenes, sin capacidad académica y ya con familias propias.

La frustración de los jóvenes por esta situación no es nueva y la falta de políticas públicas por parte del Estado, tampoco lo es. Pero más allá de eso, también se nota una falta de solidaridad a nivel generacional. Muchos jóvenes capacitados profesionalmente o en proceso de formación, desconocen la realidad de los que no son estudiantes o profesionales, que representan al final la gran mayoría del país.

La construcción de una mejor Venezuela, pasa por idear un plan donde todos los sectores de la sociedad sea vean representados, pero además que sean partícipes de la construcción de ese proyecto.

Para idear algo que cambie al país, no se puede hacer solo desde las elites, se debe construir desde los barrios, las zonas populares, los caseríos y todas las poblaciones que por diferentes circunstancias han estado marginadas dentro de la sociedad. Hay una falla de origen en muchas iniciativas políticas, que muestran la percepción del país desde una visión particular, esto de entrada ya cierra las puertas a otras formas distintas de pensamientos y reduce espacios para el  intercambio de información.

Si la juventud venezolana, desde los estudiantes hasta los obreros, pescadores, agricultores, vendedores, si todos ellos quieren un país distinto, debe haber un acercamiento autentico, que vaya más allá de lo que una cámara de televisión o un tweet pueden demostrar. Reunirse en los barrios, planificar junto a sus habitantes, hablándoles sobre el sistema electoral, sobre la defensa de los Derechos Humanos, defendiendo la libertad de expresión de ellos como individuos. Con ese tipo de cosas, no solo se podrá tener un mejor país, sino se estaría demostrando al mundo que a pesar de las diferencias, cuando se entiende que lo más importante no es quien tengan el poder, sino que haya un verdadero bienestar, y quien lo pueda brindar es quien merece gobernar, cuando se pueda entender que esa cultura del oportunismo tan marcada a lo largo de nuestra historia desmonta las instituciones, seremos una verdadera nación: gloriosa, orgullosa, amarilla, azul y roja.

Venezuela tiene uno de los salarios más bajos de la región

Aumento del salario mínimo  es menor respecto al año pasado

En la marcha convocada por la Unidad de Acción Sindical y Gremial en conmemoración al Día del Trabajador, el diputado a la Asamblea Nacional, Stalin González, manifestó que ha mermado ampliamente el poder adquisitivo de los trabajadores, también indicó que el salario mínimo a pesar de su reciente aumento es menor que el costo de la cesta básica

Stalin González, quien es el representante del bloque opositor en la AN, también es uno de los miembros que lidera la propuesta de ley sobre el aumento general de sueldos y salarios, cuya discusión se ha pospuesto en varias sesiones de la Asamblea Nacional.

Hoy es el día del trabajador ¿Qué significado tiene para el país?

Hoy es un día especial se conmemoran los mártires de Chicago que lucharon por la jornada laboral de ocho horas, lucharon por ocho horas de trabajo, pero también por ocho horas de sueño.

Hoy más que nunca los trabajadores, todos los venezolanos tenemos que luchar por tener un mejor salario. Ayer el Gobierno Nacional anuncia un aumento salarial, el cual es ínfimamente escaso, ya que una canasta alimentaria está en 17 mil bolívares y el salario mínimo pasará a 4.300 Bs.

Se necesitan cuatro salarios mínimos para poder llegar a la canasta alimentaria, además hay que agregarle los grandes índices de escases que existen actualmente.

Un dato importante es que aquí se hizo fue un aumento general de sueldos mínimos. Toda persona que ganaba 4300 Bs. se va quedar ganando la misma cantidad, es decir ahora pasó a ganar salario mínimo.

Todo lo que está pasando en Venezuela, la crisis social y política que atraviesa el país, se refleja en el salario, se evidencia en la calidad de vida y en la opción de compra que puedan tener. Hoy los trabajadores no tienen capacidad de compra para tener acceso a los productos básicos.

Existe una ferocidad anti laboral por parte del Estado, ya que patronos tanto privados como públicos, opositores y oficialistas, se ven afectados por las medidas implementadas recientemente en el campo económico. Además, la impunidad del sistema en  las relaciones de trabajo cercenan  los derechos laborales.

A pesar que un aumento salarial considerable es menor respecto al año anteriror
y las estimaciones inflacionarias, no es suficiente para cubrir las canasta básicas

¿Han pensado en alguna propuesta en la Asamblea Nacional respecto al tema salarial y laboral que mencionas?

Necesitamos un aumento general de sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones, acorde con los índices inflacionarios. Los trabajadores no deben experimentar una pérdida de su poder adquisitivo como sucede ahora.

Nosotros introducimos una propuesta de ley de aumento general de sueldos y salarios, donde hay una escala para que los trabajadores que ganan salario mínimo lleguen a un número similar al de las personas que ganan hoy dos salarios mínimos. Se quiere hacer un aumento general y no sólo un aumento del salario mínimo, ya que eso sólo iguala hacia abajo a toda nuestra clase trabajadora.

Queremos un aumento que no se convierta en mayor inflación, para que esto se concrete la propuesta debe estar acompañada de una política que impida la devaluación de nuestro bolívar, además debe contener el financiamiento especulativo del déficit fiscal.

¿Cuál debería ser el aumento adecuado para solucionar la crisis que vive el trabajador común?

Lo primero es que un salario debería por lo menos, cubrir las necesidades básicas de los venezolanos y no lo está haciendo según los números.

Yo creo que hay que instalar una mesa donde este el patrono, los empresarios, los trabajadores y el gobierno, hay que sentarse y fijar cual es la capacidad que se tiene para aumentar el salario, buscar ese acuerdo en lo que se llamaba la comisión tripartita. 

Eso es lo que hay que buscar, un lugar donde se sienten las partes y estudien como debe ser el verdadero salario de los trabajadores.

El aumento salarial adecuado debe ser proporcional al aumento de los productos, si no se hace esto, se genera más inflación y los sueldos quedarían iguales.

Debemos decirle a nuestro pueblo que el salario mínimo en Venezuela es de apenas 85 dólares, quedando por debajo de países de menor desarrollo en la región. 

Te estoy  hablando de 2,75 dólares diarios, eso lo que gana un trabajador de nuestro país si tiene la oportunidad de poseer un empleo formal con salario mínimo. Al momento de calcular el aumento anunciado, es tan pequeña la cifra que apenas representan un incremento de 60 centavos de dólar por día.

El diputado Stalin Gonzales, también se sumó a las exigencias de los dirigentes de la Unidad de Acción Sindical y Gremial respecto a la inmediata libertad de todos los estudiantes y trabajadores procesados por ejercer el derecho constitucional a la protesta.