sábado, 29 de noviembre de 2014

El Estado venezolano y diversas ONG mostraron situación de los DD HH en Venezuela

Contestaciones y reacciones luego del informe del Comité contra la Tortura de la ONU 




La presentación del Estado venezolano frente a los relatores que integran el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estuvo cargada de respuestas inconsistentes. Por su parte, las organizaciones no gubernamentales (ONG), defensoras de los Derechos Humanos,  presentaron informes sobre la situación en el país, que contrastaron con las declaraciones oficiales de Venezuela. El gobierno ha dado muestras de querer cambiar la mala matriz de opinión, generada luego de la presentación de su informe


Relatores Insatisfechos


Entre los días 6 y 7 de noviembre, el Comité Contra la Tortura de la ONU, evaluó el informe presentado por el Estado venezolano, sobre la situación de la tortura en el país.

Al iniciar la presentación, el relator para Venezuela, Jens Modvig, hizo fuertes cuestionamientos  sobre la  represión durante las protestas que comenzaron en febrero de 2014. El relator se enfocó en las alegaciones que hablan de más de 3.000 detenciones en protestas pacíficas. También, se refirió al trato de personas que  fueron desnudadas y amenazadas de violación.

Un punto álgido de la comparecencia, giró en torno al cuestionamiento realizado al gobierno, sobre la situación de los funcionarios policiales y militares, que a pesar de que el Estado reconoció la violación de los Derechos Humanos por parte de ellos en diversos casos, no tienen ningún proceso judicial abierto. Se ejemplificó el caso de la funcionaria de la Guardia del Pueblo, Josneidy Castillo, quien golpeó a la manifestante, Marvinia Jiménez, hecho suscitado en el estado Carabobo.

Foto de  Marvinia Jiménez, luego de ser agredida por parte de Guardia del Pueblo

Los cuestionamientos sobre la actuación de grupos de civiles armados vinculados con el gobierno, también adquirieron importancia durante la presentación. Se preguntó si dichos grupos están coordinados con los agentes de la ley y el orden.

Al finalizar la evaluación, el Comité Contra la Tortura de la ONU mostró su insatisfacción por la falta de información precisa, sobre la atención a las personas víctimas de tortura. Denunciaron también, la falta de independencia y transparencia en el Poder Judicial. El principal disgusto de los relatores fue la ausencia de datos y cifras, sobre las penas judiciales impuestas a los perpetradores de tortura.

Los relatores en sus recomendaciones exhortaron al Estado a prevenir posibles actos de tortura, mejorar la atención a las víctimas, proporcionar servicios de rehabilitación y mecanismos para la reparación e indemnización de víctimas.


La visión oficial


La delegación de Venezuela, encabezada por el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, José Vicente Rangel Ávalos, respondió con argumentos generales y con cierto tono político, los cuestionamientos realizados por los relatores del Comité Contra la Tortura de la Organización de ONU.

Según José Vicente Rangel Ávalos, los funcionarios y organismo policiales que incurrieron en  actos que violan los Derechos Humanos, les ha caído todo el peso de la ley. Sin embargo, ante los cuestionamientos en los casos de tortura como el caso de Marvinia Jiménez, la delegación no reveló ninguna conjetura concreta, sobre la situación legal de la victimaria, Josneidy Castillo.

Vídeo aficionado, que documenta la agresión de Josneidy Castillo a la ciudadana Marvinia Jiménez



Las pocas cifras presentadas por la delegación venezolana, las facilito la directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé, quien informó a los relatores de  las 242 denuncias de abusos contra policías y militares, que actuaron en las protestas de febrero y junio. Indicó que en 125 casos, ya se han dictado los actos conclusivos.

Sin embargo, la representación del Estado venezolano defendió la actuación de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones, argumentando que muchas protestas no fueron pacíficas, sino violentas y buscaban derribar el régimen democrático en el país.

Ante los señalamientos por el uso de fuerzas militares, para controlar el orden público y los indicios de que un porcentaje considerable de los más de tres mil detenidos fueron amenazados, golpeados y estaban incomunicados, José Vicente Rangel Ávalos respondió: "¿Qué querían? Utilizamos las fuerzas del orden, las fuerzas policiales con sus equipos antimotines legales".

Ante este tipo de contestaciones por parte del Estado, los relatores no quedaron satisfechos. Hubo múltiples quejas sobre las interrogantes que no fueron respondidas y se hizo un fuerte reclamo a la delegación por la falta de información precisa, sobre el hacinamiento carcelario, un aspecto que en los últimos años, también ha causado mucho revuelo en Venezuela.

El Estado trasmitió una mala imagen con declaraciones tan generalas. Además, los datos expuestos por la delegación venezolana, contrastaban con los datos publicados por las ONG, ante los organismos de defensa de los Derechos Humanos.

Los datos de las ONG


La voz de las organizaciones no gubernamentales, también fueron escuchadas por el Comité contra de la Tortura de la ONU. El director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero,  presentó denuncias sobre detenciones arbitrarias, casos de tortura y denuncias de violaciones a los Derechos Humanos de los últimos meses. También, se presentó un informe detallado de los años anteriores, sobre el uso indebido de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado.

Alfredo Romero,  posteriormente mantuvo una reunión privada con el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, para mostrar los casos de manifestantes que aún siguen detenidas arbitrariamente, tales como, Marcos Guillén, Christian Holdack, José Aguilera, Jordyn Ruiz, Marcelo Crovato, y  siete tuiteros por emitir opiniones en contra del Gobierno a través de las redes sociales.


Resumen de detenidos
  • Libertad con medidas cautelares:1921 (173 Menores de edad)
  • Libertad plena: 608 (42 Menores de edad)
  • Liberado sin presentación.: 515 (62 Menores de edad)
  • Por verificar: 294 (10 Menores de edad)
  • Privado de libertad: 69
  • Total: 3407 (287 Menores de edad)
Fuente: Foro Penal Venezolano

Aproximadamente  15 ONG, representadas por Amnistía Internacional, entregaron informes al comité en el demuestran los casos de tortura y  tratos crueles de los últimos 10 años por parte de los funcionarios de diferentes organismos de seguridad, que en la gran mayoría de los casos, los responsables no son enjuiciados.

Según los convenios establecidos en la ONU, el período para examinar a un Estado miembro, comprende alrededor de 10 años. En esta ocasión, las ONG presentaron  una actualización del período 2002-2011, sobre las serias lesiones al derecho y la integridad personal, ocurridas en Venezuela desde su última presentación ante el comité, hace 12 años.

Entre los denunciantes, que acudieron  a la  presentación por parte de las ONG, estuvieron: Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público; Calixto Ávila, miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); y Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.

El perioidsta LuisCarlos Díaz, sostuvó una conversación con Ligia Bolívar, del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, sobre la interpelación a Venezuela en el Comité contra la Tortura



Para Carlos Correa es importante que las Naciones Unidas permita a la sociedad civil participar en el proceso que lleva a cabo el Comité, ya que es una indicador de transparencia en las evaluaciones que se le hacen a los Estados miembros.

Respecto al papel de la delegación del Estado venezolano, Correa indicó, que los representantes no estuvieron a la altura del  debate; y no pudieron responder planteamientos básicos como  las cifras y datos correspondientes.


Antecedentes ante malas proyecciones


Desde la llegada al poder del expresidente, Hugo Rafael Chávez, la política exterior se manejó de una forma muy particular, utilizando los recursos económicos del Estado, para  posicionar una imagen de poder y prestigio en el entorno de la geopolítica.

Sin embargo, hay ciertos temas que el Estado venezolano a pesar de su gran poder e influencia, nunca ha podido manejar hasta la actualidad. Eso es lo referente a los Derechos Humanos y la credibilidad respecto a las elecciones.

En el 2006, cuando se manejaba a nivel internacional, una matriz de opinión negativa referente a las elecciones, el gobierno realizó una gestión ingente para desmontar aquella matriz. Se propuso  invitar a observadores y veedores internacionales, muy prestigiosos como el Centro Carter. Esto ayudo a fortalecer su credibilidad, que disminuía en ese momento.

Foto archivo: Hugo Chávez y Jimmy Carter conversando sobre el sistema electoral venezolano en las elecciones del 2006

En el 2002, luego de los sucesos de abril, existía una matriz de opinión muy mala respecto al gobierno en la región de Latinoamérica. En esa ocasión, el Estado Venezolano invitó a miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para canalizar esas opiniones y volver a capitalizar legitimidad.

Hoy, ante el escenario de haber proyectado una mala imagen, referente a los Derechos Humanos, frente al Comité contra la Tortura de la ONU. Es muy probable, que el gobierno utilice un método similar a los ejemplados anteriormente mencionados. Esto se evidencia con la creación del Comité de Víctimas de las Guarimbas, instalada 4 días después de la comparecencia de Venezuela en el Comité contra la Tortura.

Proyección de una buena imagen 

El pasado 11 de noviembre, pocos días luego de la comparecencia del Estado, un grupo de  familiares de personas asesinadas durante las protestas de los meses febrero y mayo de este año, junto con familiares de 11 personas muertas durante las protestas postelectorales de abril de 2013, instalaron el Comité de Víctimas de la Guarimba y Golpe Continuado.

Según  la vocera del grupo, Yendry Velásquez, viuda de un guardia nacional  bolivariano (GNB), fallecido el 12 de marzo de este año: “El objeto es dar a conocer a Venezuela y al mundo quiénes somos las verdaderas víctimas. Si es de llegar al alto comisionado de la ONU, lo haremos”.

Luego, el 17 noviembre, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, se comprometió con los familiares que integran el Comité de Víctimas de las Guarimbas y Golpe Continuado a hacer justicia por las violaciones a los Derechos Humanos por parte de grupos golpistas y guarimberos.

Esto lo dio a conocer la magistrada, luego de una reunión sostenida con la organización.  Enfatizó que seguirá  cada uno de los procesos que se están llevando a las personas, que cometieron hechos delictivos. Señalo que garantiza la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la debida  celeridad procesal.

Al día siguiente, el  18 de Noviembre, representantes del Comité de Víctimas de las Guarimbas ejercieron un derecho de palabra ante la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), exigiendo justicia en los procesos de judiciales de los acusados.  Asimismo, agradecieron el apoyo del gobierno en todo el proceso.

Intervención de Yendry Velásquez ante la AN


Las últimas acciones por parte del Estado, evidencia un intensión de querer cambiar la matriz de opinión sobre la situación actual de los Derechos Humanos en el país. Sin embargo, las acciones son muy tardías, ya que los organismos internacionales y las ONG, llevan una cantidad de informes y datos, que el gobierno no tiene como contrastar.

Ante la polarización política que atraviesa Venezuela, se evidencia una clara indisposición del Estado por solucionar la situación judicial y física de ciertos dirigentes políticos de oposición, así como la de los manifestantes de oposición, que siguen detenidos. El intento del gobierno para cambiar la matriz de opinión, se ha enmarcado en proyectar a las victimas ideológicamente afines con ellos, para transmitir la transparencia en la defensa de los Derechos Humanos.

Pero el tiempo no está a favor de las intenciones que quiere proyectar el gobierno. Las imágenes de los medios de comunicación durante los meses de protesta mostraron una represión muy fuerte. Ya varios  líderes mundiales han pedido la libertad del dirigente político, Leopoldo López. La opción más coherente para el gobierno es actuar con transparencia, sin discriminación política ante los hechos, que implican la violación de Derechos Humanos y mecanismos de tortura.


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